FONSECA Y ALIAGA DENUNCIARON LA FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL EN LOS MOVIMIENTOS SOCIETARIOS DE REFI PAMPA S.A

En
el día de hoy Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto presentaron una
denuncia formal ante la autoridad policial a raíz de hechos que podrían
configurar delitos de acción pública vinculados con la empresa Refi Pampa S.A.,
sociedad que recibió millonarios fondos públicos bajo la forma de créditos de
Promoción Industrial y al día de hoy la misma encuentra en cesación de pagos.

Entre
los hechos expuestos, los diputados señalan que los movimientos societarios,
fusiones y reorganizaciones empresariales del capital accionario de Refi Pampa
S.A. se realizaron sin la previa autorización del Estado Provincial, a pesar de
que dicha obligación se encuentra expresamente establecida en la Ley Provincial
N° 2675.

El
artículo 10° de esa norma expresa que toda empresa en la que el Estado tenga
participación accionaria no puede fusionarse, escindirse, disolverse o
transferir derechos sin el consentimiento afirmativo del Gobierno Provincial.
Sin embargo, en este caso, los cambios societarios fueron de público
conocimiento, incluso publicados en boletines oficiales, y desde el Estado
Provincial no se ha conocido su intervención, ni manifestación de oposición
alguna.

Esta
omisión podría haber permitido el desapoderamiento de bienes y activos que
forman parte de la garantía común de los acreedores, entre ellos el propio
Estado, que mantiene un crédito estimado en más de mil quinientos millones de
pesos.

A
ello se suma que, pese a la crítica situación económica y financiera de la
empresa, Pampetrol S.A.P.E.M. habría continuado entregando petróleo pampeano en
forma directa y sin licitación a Refi Pampa S.A., lo que agrava aún más el posible
perjuicio al erario público provincial.

La
falta de autorización provincial que no solo vulnera la ley, sino que expone a
la provincia a un daño patrimonial de gran magnitud y compromete la
responsabilidad de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, no defienden
los intereses del Estado.

Por
tal motivo, A partir de esta denuncia con pedido de investigación, los que
deberían representar a la sociedad en el proceso penal, que son los fiscales,
tratan rápidamente de impedir la investigación, no solicitar las más
elementales medidas de prueba, impedir incluso la presentación de querellantes
como parte interesada en un patrimonio público, para de esa manera cerrar lo
más rápidamente posible y con un grado grave de impunidad la investigación que
se debe realizar.

No
obstante ello, Fonseca y Aliaga formularon igualmente la presentación
cumpliendo lo que entienden como una obligación cívica impostergable referido
al principal recurso no tributario y patrimonial de los pampeanos y dejaron
expresa constancia en la denuncia que solicitan que los magistrados judiciales,
particularmente fiscales, que tengan una directa relación con el gobierno
provincial se aparten, porque lamentablemente y tal como se ha sostenido por
los mismos en distintos ámbitos, incluido la Cámara de Diputados de La Pampa,
el Poder Judicial de La Pampa, con varios de sus integrantes, tiene vinculación
directa con el Poder Ejecutivo Provincial.

Todo
esto, habida cuenta los ocultamientos, ilegalidades y maniobras referidas al
petróleo pampeano, no solo en el caso del área petrolífera El Medanito, sino
también en este caso de entrega de petróleo pampeano a una empresa que en
principio se habría insolventado, dejando sin garantía de pago a la provincia y
con conocimiento de los movimientos societarios que la provincia debería haber
evitado en los términos de lo que determina el artículo 6° de la Ley Provincial
de Hidrocarburos, y pese a la cesación de pago con cheques rechazados, la
empresa siguió recibiendo petróleo pampeano.

Por
lo tanto, el pedido de investigación refiere a las obligaciones incumplidas en
principio por el Gobernador y por otros funcionarios públicos que tenían la
obligación de cuidar/controlar todo lo referido a la explotación petrolífera en
La Pampa.