COMUNIDAD ORGANIZADA RECHAZA EL ACCIONAR DEL FISCAL GENERAL MENDIARA CONTRA LA POLICIA DE LA PAMPA
La urgente necesidad de control antidoping a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del estado El Bloque Comunidad Organizada, representado por los diputados Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, presentó esta mañana en la Legislatura pampeana un proyecto para declarar su rechazo a las expresiones y conducta del Fiscal General de General Acha, Alejandro Sebastián Mendiara, las cuales se dieron a conocer a través de un video público donde se evidencian la emisión de órdenes ilegales a personal policial y la utilización de su influencia política como mecanismo de amenaza a los mismos.
En el video difundido, Mendiara –actualmente Fiscal General en General Acha- increpa e imparte instrucciones ilegales a personal policial con jurisdicción en la localidad de Victorica, al tiempo que hace referencia a sus vínculos políticos con el Ministro de Seguridad, Horacio “Nacho” Di Nápoli, sugiriendo una capacidad de presión sobre los policías, a partir de su llamado directo al funcionario superior.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de La Pampa, un fiscal solo puede dar órdenes a la policía en el marco de una investigación fiscal preparatoria, limitándose a su actuación en función judicial. Fuera de este contexto, no tiene atribuciones para impartir instrucciones operativas a la policía, y mucho menos para hacerlo bajo amenazas o presiones indebidas.
Esta conducta constituye un abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que debería motivar el inicio de un Jurado de Enjuiciamiento para determinar su responsabilidad en los hechos.Este no es el primer episodio en el que Mendiara demuestra su sometimiento político en el ejercicio de sus funciones. Su nombramiento inicial como fiscal sustituto en Eduardo Castex y posteriormente en General Acha se produjo de manera irregular, sin cumplir con el procedimiento constitucional de designación, siendo designado en esas oportunidades como sustituto.
Más tarde, el gobernador Sergio Ziliotto envió su pliego a la Legislatura para formalizar su cargo de manera definitiva con asiento en General Acha como Fiscal General pero no sin antes, Mendiara, previamente como fiscal sustituto de Gral. Acha fue el responsable de impedir la continuidad del juicio, que fue impulsada por concejales de 25 de Mayo, y que la Municipalidad se presentó como querellante, contra un tal Bravo, de 25 de Mayo, al no formular acusación y, en consecuencia, bloquear la continuidad del proceso. No es menor resaltar, que la defensa de Bravo estaba a cargo de un abogado dependiente de la Fiscalía de Estado provincial, lo cual representa una incompatibilidad legal, ya que los abogados que ejercen funciones en organismos estatales tienen prohibido intervenir en causas donde el Estado tenga interés. Lo que confirma la relevancia del caso y el impacto de la inacción de Mendiara en la búsqueda de justicia.
El video recientemente difundido expone con claridad la pérdida de independencia del Ministerio Público Fiscal y la forma en que la justicia pampeana es manipulada en función de los intereses políticos de turno.Este accionar, también pone en evidencia al Procurador General, Mario Bongianino, quien no solo ha guardado silencio ante estos hechos, sino que ha avalado las maniobras de designación de fiscales sustitutos y la consolidación de un sistema judicial subordinado al poder político.El propio Mendiara reconoció en sus jactancias, que las decisiones se toman en Santa Rosa, dejando en evidencia el grado de manipulación política sobre el sistema judicial, para todas las localidades.
Sin perjuicio de las acciones constitucionales para erradicar del cargo de Fiscal General a este sujeto, debe iniciarse el proceso penal a partir de sus conductas contra la policía provincial, proceso investigativo que acorde a los antecedentes es muy probable, que el Sr. Ziliotto lo obstaculice o impida.
Por lo tanto, los demás integrantes del denominado Ministerio Publico Fiscal, aunque sea en este caso, representen a la sociedad como manda la constitución y la ley y no a quienes usan los cargos públicos, para impedir justicia, o dirigirla arbitrariamente hacia enemigos, con impunidad hacia los amigos y/o sometidos.