El informe de auditoría del Tribunal de Cuentas sobre Pampetrol confirma las denuncias de Comunidad Organizada
En la sesión del día de hoy en la legislatura pampeana, la diputada Sandra Fonseca, representante del bloque Comunidad Organizada manifestó su posición frente a distintas notas y proyectos tratados.
En relación a la nota ingresada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, por la que remite copia del Informe de Auditoria correspondiente al Ejercicio Económico N° 14 de Pampetrol S.A.P.E.M, Fonseca expresó “quienes deben realizar la auditoria no son los/as dependientes subalternos/as, sino los/as que institucionalmente están determinados por su normativa como integrantes del Tribunal de Cuentas; esto lo manifiesto porque la nota se encuentra firmada por la Sra. Mac Allister como Presidenta del Tribunal de Cuentas pero el informe que adjunta no lo hace el Tribunal de Cuentas, sino personas que la integran como auditores, no cumpliendo con lo establecido en la Constitución provincial”.
“Incluso Mac Allister se tendría que haber excusado como parte interesada al ser la misma integrante del grupo político Propuesta Federal, quienes usurpando el cargo que correspondía a Comunidad Organizada colocaron a personas en cargos de Pampetrol violando la ley orgánica de la misma –Art 5 Bis ley 2225. Es decir q María Mac Allister tiene intereses creados, porque de ella dependen también a través de su partido político, a quien introdujeron con la connivencia del oficialismo y del otro sector que también se encuentra en Pampetrol, Torroba a través del director Hugo Perez”.
“el informe expone que desde el año 2018 en adelante se están ocultando los balances y estados de resultados de la UTE y quien está a cargo de la explotación real de los pozos de las 4 áreas petroleras de la pampa es Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A y a pesar de todas las presiones y artimañas por tratar de ocultar esta gravísima situación de corrupción, es que hemos ampliado la denuncia presentada por nuestro partido, la cual confirma y da cuenta de que lo venimos denunciando es totalmente veraz”.
Respecto al ingreso de la nota presentada por el Sr. Juan Carlos Tierno, por la que solicita se den a conocer los votos por los cuales se rechazó “in limine” la denuncia de Juicio Político al Ministro de Hacienda Ernesto Franco, expresó Fonseca “nuestro espacio político solicita se dé a conocer los votos y fundamentos emitidos por la Sala Acusadora por la cual manifiestan el rechazo in limine de dicho juicio político contra el Ministro de hacienda Ernesto Franco”.
“Cabe destacar que desde la declaración de vamos todos presos en diciembre, el único que denunció evidenciando este hecho frente a funcionarios públicos con obligación de denunciar, fue ni más ni menos que Comunidad Organizada el día 28 de diciembre. Por ello solicitamos se hagan públicos los fundamentos de los votos de la sala acusadora, ya que todas las actuaciones de este cuerpo legislativo como de la administración pública en general, son públicos al igual que su accionar.”
Sobre la aprobación del proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Complementario de Cooperación denominado “Alojamiento de procesados y condenados de la provincia de La Pampa en la provincia de San Luis” en el marco del tratado El Caldén, Fonseca fundamentó “este tratado refiere a la actividad de seguridad y en su caso de infraestructura carcelaria, pero no que pampeanos privados de su libertad puedan ser trasladados fuera de la provincia de La Pampa. Ese tratado es taxativo, no puede ser ampliado mediante interpretaciones, por lo tanto, entendemos que si bien se intenta utilizar dicho tratado, el mismo no les da cobertura, ni cabida para esta aplicación de pretender trasladar pampeanos privados de su libertad, que ni siquiera están bajo la órbita del Poder Ejecutivo de La Pampa, sino de ámbitos judiciales”.
“En igual sentido, manifestar que esta problemática fue planteada en el año 2004 por el entonces Ministro Juan Carlos Tierno, ante el Ministerio de Justicia de la Nación, y posteriormente en el año 2016 también el ex Ministro Tierno solicitó la creación del servicio penitenciario provincial desde el Ministerio de Seguridad de La Pampa, al entonces Gobernador Verna, a través de un proyecto de ley, precisamente porque las normas de Derechos Humanos aplicables en Argentina, por la Convención Americana determinan que la pena privativa de la libertad debe ser aplicada en un proceso de resocialización, en el lugar donde reside la familia, o lugar anterior, al delito donde residía la persona”.
“Nuestro bloque solicita que se haga un re análisis sobre este apresurado convenio, y sus consecuencias inmediatas y mediatas, incluso para quienes lo están presentando acá y lo han enviado a esta Cámara, el que puede ser declarado inconstitucional, incluso con graves consecuencias para los/as funcionarios/as participantes, tanto a nivel del ejecutivo, como judicial”. Concluyó Fonseca.