EL VETO DE MILEI AGRAVA LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El partido político provincial Comunidad Organizada, manifiesta que el veto de Milei agrava la discriminación hacia las personas con discapacidad. La discapacidad ha sido una temática priorizada, para su abordaje desde las distintas gestiones donde ha estado representado nuestro partido político. Sandra Fonseca, ha formado parte de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, siendo una de las principales representantes tanto a nivel institucional como social, incluso en su trabajo como docente especializada en este tema, y junto a la Profesora Adriana Nervi, fueron las capacitadoras provinciales de la ley Nacional 24.901, Sistema de Prestaciones básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad real, ha sido discriminada por varios personajes de la política. Un ejemplo de ello, fue el último censo nacional, donde las personas con discapacidad no fueron incluidas, fueron ignoradas, por aquellos que se decían progresistas, nacionales, populares, con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Siendo Intendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno, comenzó su gestión realizando un relevamiento casa por casa, para tomar conocimiento y poder ir abordando las necesidades sociales.
En dicho relevamiento, uno de los principales objetivos planteados, fue tener el censo sobre personas con discapacidad y sus familias, para conocer no solo cuantas personas son, sino fundamentalmente ver las necesidades sentidas de cada tipo de discapacidad, su nivel educativo, los apoyos necesarios acorde de su edad, la inclusión laboral, entre otros, para comenzar a trabajar desde el territorio y no detrás de un escritorio. La inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público, es vulnerada por la propia ley provincial 2226, cuestión planteada insistentemente en la LEGISLATURA por la diputada Fonseca, donde la obligatoriedad es un determinado porcentaje, de todos los que ingresan, no seis personas con discapacidad para incorporarse al Estado.
El ESTADO no escucha a las personas con discapacidad, no lo hace ni a nivel provincial ni nacional, pero a veces escucha a algunos prestadores de salud, en varios casos, partícipes necesarios de la corrupción política , incluso en perjuicio de genuinos prestadores.
Si Milei realmente quería terminar con la corrupción en este tema, tendría que haber determinado una auditoría integral sobre cada uno de los prestadores, como también las pensiones utilizadas políticamente en forma corrupta y no perjudicar a todas las personas con discapacidad y sus familias en forma arbitraria, como lo hizo al vetar la declarada emergencia. Con lo cual lamentablemente se asimila, pese a su discurso, a los que históricamente ejercieron discriminación a este sector en Argentina. Es por lo tanto, volvemos a manifestar que la corrupción política o la casta, o como se denomine, sigue discriminando a las personas con discapacidad y a sus familias.
Santa Rosa, 5 de agosto de 2025.-