FONSECA EXPRESÓ: “LOS/AS INTEGRANTES DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA HACEN UN INTENTO DE UN LAVADO DE INCONSTITUCIONALIDAD”

A pedido del grupo oficialista del gobierno y de la Cámara de Diputados, se sometió a tratamiento en plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios y Legislación General un pretendido proyecto de reforma del Código de procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, para intentar con esta maniobra por parte de los/as actuales ocupantes de cargos en el Superior Tribunal, con la connivencia del grupo oficialista, un lavado de inconstitucionalidad que ya venían haciendo a través de acordadas, que ahora pretenden que se haga por ley, expreso la Diputada Sandra Fonseca. 

Con el proyecto se pretenden facultades para reglamentar modificaciones del Código y por lo tanto que la obligación de legislar los Códigos Procesales de la provincia, que constitucionalmente lo tiene que dictar y/o modificar la Cámara, lo haga el Superior Tribunal de Justicia. 

Con fundamento en nuestra Constitución de La Pampa, en su Artículo 68 inciso 16, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dictar los Códigos de procedimiento, no delegar en otras funciones y mucho menos en el Superior Tribunal de Justicia, el cual no puede legislar, sino aplicar y/o declarar la nulidad o inconstitucionalidad en casos concretos de las leyes.  

Fonseca manifestó “se pretende crear un organismo judicial denominado  “Oficina de Gestión Judicial” con desconocimiento de la Legislatura de sus funciones, competencias, etc. La gravedad de la actitud de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia radica en que están implementando lo que ahora piden que se haga por una ley a través de las denominadas “acordadas” dispuestas por el poder judicial sin normativa que avale la implementación de todas esas medidas, por ende además de ser inconstitucional, resulta violatorio del derecho de todas las partes del debido proceso, violando precisamente el código procesal la cual es una ley de creación del Poder Legislativo”.  

Asimismo resalto que el Poder Judicial hoy en día, con fundamento en la pandemia y en expediente digital, está aplicando acordadas que modifican el código procesal en incumplimiento de la finalidad de las mismas, cual es la de reglamentación y practica procesal, y luego solicitan encarecidamente que se aprueben mediante proyectos de ley en el Poder Legislativo, porque de lo contrario de no aprobarse, se caería lo realizado a través de estas, según expresó el mismo José Sappa en la reunión de comisión, lo cual significa que ya estarían violando la normativa de división de poderes constitucionalmente.  

Por último, no puede dejarse de lado la simultaneidad en que mandan este proyecto y el grupo oficialista del gobierno lo impulsa, cuando las mismas personas, los/as cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, Eduardo Daniel Fernández Mendía, José Roberto Sappa, Fabricio Ildebrando Luis Losi y Elena Victoria Fresco, quieren resolver, aunque no podrían hacerlo porque deberían excusarse porque fueron denunciados por el letrado interviniente Juan Carlos Tierno. Comunidad Organizada presento un Recurso Extraordinario por la usurpación de cargos en la empresa Pampetrol S.A.P.E.M perpetrado por el grupo Oficialista-Vernista junto al grupo Propuesta Federal y Juan Pedro Brindesi. 

Cabe recordar que dos allegadas al gobierno, las Juezas Marina Álvarez y Laura Torres dijeron que no pueden meterse en cuestiones privativas de la Cámara de Diputados y por lo tanto no se expidieron, generando así una privación de justicia  

La Legisladora insistió que se intenta con esta maniobra por parte de los/as actuales ocupantes de cargos en el Superior Tribunal con la connivencia del grupo oficialista en el gobierno, un lavado de inconstitucionalidad que ya  venían haciendo a través de acordadas lo que ahora pretenden que se haga por ley.  

Esto no puede pasar desapercibido porque significa una nueva violación a la división de poderes, al sistema de justicia, que en los discursos es independiente, pero lamentablemente en la provincia no lo es.  

“toda ley contraria a la Constitución es de ningún valor, como así lo dice el Art 7 de nuestra Constitución Provincial, y que ésta propuesta venga del STJ no lo excusa sino que al contrario lo agrava., concluyo Fonseca.