MEDANITO: SIN DATA ROOM SE PONE EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LA LEGALIDAD DEL PROCESO LICITATORIO.

En el día de hoy sesionó la Cámara de Diputados provincial, tratando el Proyecto de Ley, por el que se dispone la contratación de un Data Room que contenga información técnica, geológica, económica y ambiental del área hidrocarburífera «El Medanito», la que fue rechazada por el oficialismo. La diputada Sandra Fonseca, representante del bloque Comunidad Organizada- en el recinto de sesiones manifestó: “Desde nuestro bloque acompañamos este proyecto como coautores de este informe integral, técnico, geológico, económico y ambiental. Desde el oficialismo dijeron que el petróleo y los recursos hidrocarburífera deben ser un modelo de desarrollo y bienestar general, fortaleciendo las capacidades públicas, con participación público-privada. Pero si existe tal acuerdo, ¿por qué no se utiliza la herramienta constitucional del Consejo Económico Social?”.“Lo cierto es que este informe -que apareció de forma inesperada por parte de Ziliotto y Pampetrol- no puede considerarse un verdadero Data Room. Se trata de un documento hecho rápidamente, incluso tomando como base un único informe, que evidenció la repetida frase: “falta información”. Esto pone en jaque la transparencia y la legalidad del proceso.

Según auditores del Tribunal de Cuentas, existen irregularidades e ilegalidades graves en la unión transitoria de empresas entre Pampetrol y PCR, como la falta de balances desde 2020, datos ocultos sobre producción y ventas de petróleo, y la falta de control ambiental. Incluso funcionarios de Hidrocarburos reconocieron no saber con qué se iban a encontrar. Y lo más preocupante es que la secretaria de hidrocarburos no ha controlado, incluso la empresa PCR no estarían cumpliendo con sus obligaciones ambientales, como el sellado de pozos abandonados”. “Todo esto no solo compromete el desarrollo económico, sino que también puede implicar delitos continuados. Lo advertimos con fundamentos técnicos, no con opiniones partidarias, ya hemos acudido a la justicia y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en estos temas del petróleo, pero los avances son lentos, en estos temas muy lentos. Mientras tanto, se pierde dinero público, como ocurre con la refinería Refipampa, donde Pampetrol tiene un 20% de participación y según testimonios, se estarían perdiendo millones de dólares diarios. Lo que pedimos es claro: transparencia, información completa y respeto por la legalidad”.

En relación a la aprobación del proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo que arbitre, los medios necesarios para restablecer la circulación de la Ruta Nacional N° 35, el diputado Maximiliano Aliaga -representante del bloque Comunidad Organizada manifestó su voto afirmativo y expresó “acompañamos esta iniciativa, resaltando que la Ruta Nacional 35 rumbo a Bahía Blanca, antes de que existiese asfaltada, se llegaba solo por tren, tren que hoy no está y que creo que sería muy interesante, si no lo hace Nación, que algún día la Provincia de La Pampa se pusiese a pensar en algún método para esos trazados; desde un pensamiento federal, si desde Nación no se habilita, nosotros los pampeanos tendríamos que tener nuestra propia política de trenes.” “Asimismo, es importante no olvidar que el Gobernador mandato cumplido que trazo el asfalto hacia Buenos Aires uniendo la provincia es el doctor Amid, que gobernó en la década del 60, y que decía que no podemos depender solo del puerto de Buenos Aires. Así que abogamos porque se restablezca”. Sobre el proyecto de Resolución, por el que se solicita a los Legisladores Nacionales por La Pampa que impulsen la declaración de la emergencia en discapacidad a nivel nacional, Comunidad Organizada acompañó con su voto positivo, su representante Fonseca manifestó “Desde nuestro bloque somos conscientes que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad viene desde hace muchos años. La desidia estructural, la fragmentación de políticas públicas, la utilización de los más vulnerables para beneficios sectoriales, la burocracia del sistema y la falta de voluntad política sostenida en el tiempo han sido constantes y nos han llevado, lamentablemente, a la realidad que hoy vivimos. En más de una oportunidad me han escuchado decir: ¿por qué no escuchan a las personas con discapacidad y a sus familias?”. Se escucha a los prestadores, dueños de hogares, empresas de servicios, pero no se escucha a las personas con discapacidad ni a sus familias.” “Recuerdo, hace años, me nombraron capacitadora, junto a la profesora Adriana Nervi, a partir de la Ley N° 24.901, que vino a establecer entre otros puntos, un Registro de personas con discapacidad: no cualquier persona accedía a un certificado (CUD), debía pasar por la Junta Evaluadora. Tampoco cualquiera podía ser prestador, había que cumplir con requisitos”. “históricamente las personas con discapacidad registradas fueron desplazadas y empujadas a la marginalidad de un sistema que se pervirtió con fines políticos.” Sobre el del Proyecto de Resolución por el que se solicita a los Legisladores Nacionales por la provincia de La Pampa, la urgente declaración de la Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones, Comunidad Organizada votó afirmativamente, y su legisladora expresó “La salud mental y las adicciones, tanto en la prevención como en el tratamiento, ha sido una constante preocupación de Comunidad Organizada, el suicidio se puede prevenir, quien tiene conductas suicidas da señales, pero para eso necesitamos una comunidad concientizada y un Estado que priorice esta política publica. Cuando una persona toma esa decisión deja un agujero en esa comunidad educativa o laboral, allí es donde el Estado debe estar presente con lo que se llama posvención, para contener a las personas más vulnerables de cada situación y evitar réplicas.” “En el año 2024, presentamos un pedido de informe sobre el Observatorio Provincial de Drogas, esta Cámara lo acompañó por unanimidad, pero aún no hemos recibido respuesta. El Subsecretario de Salud Mental y Adicciones.   Martín Malgá concurre a la comisión, habla, muestra PowerPoint, pero no brinda respuestas satisfactorias; en territorio vemos necesidades urgentes: padres que descubren el consumo en sus hijos y no saben cómo actuar, naturalización del alcohol entre adolescentes, y falta de prevención real. A veces se llega a situaciones extremas por no haber detectado a tiempo. Por eso es necesaria una comunidad activa y un Estado presente.” “Estamos convencidos que hay que declarar la emergencia nacional en salud mental, la ley actual no alcanza, especialmente en casos de adicciones, donde el adicto pierde la voluntad y la internación involuntaria, es un camino para iniciar su rehabilitación. Hay que repensar la ley de salud mental y las mesas interministeriales y documentos no alcanzan: hay sufrimiento humano con familias que necesitan respuestas concretas.” Asimismo, Comunidad organizada votó negativamente los pliegos que designan a las abogadas Daniela Johana Martínez como Titular en el Juzgado de Control de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en 25 de Mayo y María Elena Gregoire como Jueza de Control de la Primera Circunscripción Judicial,  al respecto la diputada manifestó “sobre la abogada Daniela Johana Martínez: “este  un caso bastante peculiar, se designa a una persona oriunda de La Rioja, viviendo en La Pampa desde  el año 2023, dice no tener vinculación con el ministro Fernández pero admite que recibió un llamado telefónico para venir como sustituta a la localidad de 25 de Mayo. Tenemos otra persona puesta a dedo político, y aunque a algunos les incomode, vemos disciplinamiento partidario en estas suplencias que violan el artículo 131 de la Constitución. Esto es sistémico y una clara violación a los derechos fundamentales. Pues sin un Poder Judicial independiente, no hay justicia valedera; la inamovilidad no debe significar comodidad, sino independencia del poder político.” Sobre la abogada María Elena Gregoire, y en el mismo sentido que el pliego anterior Fonseca expresó “La postulante tiene un extenso currículum vinculado al derecho procesal penal, pero lamentablemente ha participado del sistema de violación del debido proceso legal como sustituta. Fue colocada a dedo político al inicio de la gestión de Ziliotto, quien en enero la designó sustituta del Tribunal de Impugnación Penal, entendiendo nosotros que fue un arreglo político con Marcos Cuelle, su allegado sentimental.” “Asimismo al ser consultada esta ultima persona, por la alteración de los códigos procedimentales por el Superior Tribunal de Justicia en pandemia, en connivencia con el Poder Ejecutivo, dijo no acordarse, lo cual entendemos que fue un acto de mala fe”. “Señalamos también el uso del gobierno para acuerdos políticos, como en el caso Brindesi, designando a su esposa primero como sustituta y luego por el camino de la Constitución. Reiteramos: la palabra “sustituto” no está en la Constitución, y sin independencia del Poder Judicial no hay justicia real ni válida.” Concluyó Fonseca.